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Denuncias de hostigamiento y presión judicial

"ADEPA toma nota de la carta recibida de parte del periodista Luis Majul, conductor de LN y CNN en Español Radio, en la que relata una serie de ataques de sectores políticos y sindicales contra su persona", indicaron Fuente: LA NACION – Crédito: Augusto Famulari

Lo advirtieron organizaciones profesionales y del ámbito jurídico Inés Beato Vassolo

En el transcurso de los últimos días, entidades de transparencia y periodísticas, así como referentes de la política y el derecho, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la Justicia persiga e impute a periodistas en la causa que investiga supuestos actos de presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Academia Nacional de Periodismo fueron enfáticas en sus pronunciamientos en defensa de los periodistas e hicieron mención a algunos casos puntuales de hostigamiento.

"ADEPA toma nota de la carta recibida de parte del periodista Luis Majul, conductor de LN+ y CNN en Español Radio, en la que relata una serie de ataques de sectores políticos y sindicales contra su persona, y anticipa el inicio de acciones judiciales en el plano local e internacional", señaló.

En una línea similar, los representantes de Fopea dejaron asentado, en su cuenta de Twitter, que expresan su "solidaridad con los socios Luis Majul, Nicolás Wiñazki y Daniel Santoro, quienes vienen sufriendo una campaña pública de hostigamiento en las últimas semanas".

Agregaron, además, que "las descalificaciones forman parte de los intentos por desprestigiar la labor de los medios de prensa".

La Academia Nacional de Periodismo, en un comunicado oficial emitido el 1 de julio, advirtió que "solo una prensa libre de obstáculos, coacciones y hostigamientos asegura la plena vigencia del sistema democrático". Y aclaró que la libertad de expresión no es un derecho que compete únicamente a periodistas, sino a la sociedad en conjunto.

El periodista Marcelo Longobardi, de Radio Mitre, había advertido el jueves que ya estaría en marcha "algún intento u orden de detención a uno o más periodistas en la Argentina de hoy".

"No voy a decir los nombres porque no quiero perjudicar a nadie ni producir un desastre familiar, pero esto puede pasar y creo que está por pasar", dijo en una entrevista en el canal de noticias TN, en la que también contó: "Hace 15 minutos hablé por teléfono con una de esas personas que puede ir detenida. Desde el regreso de la democracia nunca hubo detención a periodistas".

Colegio de Abogados

Mientras que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial prefirieron no emitir opinión ante el debate, el directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sí expresó su postura.

Habló de la preocupación "ante diversos hechos y manifestaciones de los que dan cuenta publicaciones en medios gráficos y audiovisuales, y comentarios vertidos a través de las redes sociales, de las que resultaría la existencia de un plan sistemático dirigido a llevar a cabo un conjunto de acciones persecutorias contra la prensa y varios periodistas de renombre".

En ese sentido, la entidad indicó en un comunicado que "la ofensa y señalamiento a la labor de periodistas es la exteriorización de una preocupante vocación autoritaria de algunos sectores que pretende cercenar el derecho universal que tenemos los habitantes de la Argentina de estar informados y de expresar libremente nuestras ideas".

Los abogados reclamaron al Presidente el cumplimiento de esa garantía.

Repercusiones políticas

Los senadores y diputados de Juntos por el Cambio se sumaron e "hicieron propias" las declaraciones de las organizaciones de periodistas.

"La persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983. Cualquier causa judicial, motorizada por sectores del poder, contra periodistas por realizar su trabajo es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia toda. Además, funciona como un claro mensaje para sembrar el temor y la autocensura de los trabajadores de prensa y los medios de comunicación", cuestionaron los miembros de la oposición.

Federico Angelini, vicepresidente de Pro, aseguró a LA NACION que la coalición "no va a permitir que se pongan en jaque los valores republicanos y democráticos del país".

Por: Inés Beato Vassolo ADEMÁS

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Temas: | Política

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