Alrededor de tres de cada diez habitantes de zonas urbanas no tienen cloacas y, en varios casos, tampoco agua corriente; el hacinamiento hace difícil seguir las medidas sanitarias recomendadas Fuente: Archivo – Crédito: Marcelo Manera

Como muchos países en el mundo, la Argentina vive por estos días en un estado de emergencia sanitaria que llegaría a su pico en las próximas semanas. La principal medida de acción, globalmente consensuada por la ciencia, para intentar que sea lo más leve posible, es el aislamiento social, que ralentiza la circulación del coronavirus y aplana la curva de contagios. El aislamiento, claro, además de mantener personalmente la máxima higiene: lavarse las manos con agua limpia y jabón (o pasarles alcohol en gel) de manera recurrente, y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Pero esas recomendaciones de los infectólogos chocan con la realidad de la pobreza que afecta a muchos habitantes de nuestro país. El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre pobreza multidimensional llega a la conclusión de que la carencia de agua potable y de acceso a cloacas, y los problemas de vivienda -entre ellos, el hacinamiento en casillas insalubres- afectan a alrededor de un tercio de la población urbana.

Un documento difundido en febrero pasado, que reúne los números de 2019, indica que el porcentaje de personas con carencias en cuanto a la conexión a cloacas y al acceso al agua corriente y a la energía llegaba en el país al 33,5%. En tanto, los habitantes de la Argentina que ocupan viviendas que no resultan adecuadas (por cuestiones como sus materiales, el servicio sanitario al que se accede o no y el espacio disponible) representaban un 27,2% del total, a fines del año pasado. En ambos casos, los índices mejoraron sustancialmente desde 2010. Se trata, sin embargo, de entre 14 millones y 11,4 millones de personas, respectivamente, con ese tipo de problemas, si se proyecta a la totalidad de habitantes que hay en las zonas urbanas.

Por su parte, en su informe sobre Condiciones de Vida referido al primer semestre de 2019 (último período con datos disponibles), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), señala que el acceso a la red pública de agua corriente llegaba al 86,7% de la población de los 31 aglomerados urbanos medidos (si se considera el universo de hogares, ese índice es del 90%). Y un 29% de los hogares no tenía aún acceso a cloacas. En tanto, un 13,4% decía vivir con 2 o 3 personas por habitación disponible en el hogar. Con "hacinamiento crítico" (más de tres personas por cuarto), vivía un 2,4% de la población. Para la UCA, el hacinamiento, según sus datos de cierre de 2019, llega en realidad a 7,6%.

Con respecto a la cobertura médica, el 14,8% de los habitantes tenía en la primera mitad del año pasado a todos los habitantes del hogar dependiendo solo del sector público de salud. En tanto, un 35,5% de los relevados afirmó que al menos un habitante del hogar tenía cobertura solo del sistema público de salud. Ese dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que por estos días (dicho sea de paso) trabaja con una cobertura de emergencia dadas las medidas tomadas por la pandemia.

En el contexto de emergencia sanitaria, la situación de las poblaciones más vulnerables fue mensurada días atrás por la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión. El grupo está integrado por los presbíteros José María "Pepe" Di Paola, Lorenzo "Toto" De Vedia y Carlos "Charly" Olivero; el hermano salesiano Mario Daniel "Coco" Romanín; las hermanas Cecilia Lee, Yolanda Galka, Marta Pelloni, María Elena Acosta y Ángela García Elorrio; Gustavo Barreiro, y los doctores Alberto Palacio y Gustavo Daniel Moreno.

"Muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales en materia de prevención de dengue (no acumular agua) o de prevención del coronavirus (lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, usar alcohol en gel, limpiar superficies de contacto frecuente con agua y lavandina, aislarse catorce días ante la presentación de síntomas, entre otras), resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura, y donde muchas personas viven en los pasillos de los barrios sin acceso a condiciones elementales (como el caso de adolescentes y jóvenes afectados por el paco), y solamente acceden a la alimentación a través de comedores comunitarios", escribieron los miembros de la mencionada comisión.

"Desde esta Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión queremos expresar nuestra alta preocupación, al no visibilizarse una política pública destinada a determinar cómo se dará cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias que difunden las autoridades gubernamentales, tendientes a resguardar el derecho a la salud de la población de nuestros barrios, donde existe una vulneración preexistente de los derechos sociales", dijeron en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

"Pedimos a los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales adoptar medidas específicas para villas y asentamientos, tendientes a poder cumplir con las medidas preventivas sanitarias, estableciendo las condiciones de hábitat que son necesarias y brindando la prestación de los recursos materiales necesarios en salubridad, higiene, agua segura y alimentación a la población, en especial a los comedores comunitarios que no pueden dejar de brindar su asistencia a adultos y niños", agregaron.

La pobreza multidimensional (tener una carencia de derechos y estar por debajo de la línea de los ingresos de una canasta) llegó, según la UCA, a 37,5% en 2019. Es más baja en la Ciudad de Buenos Aires, donde llega a 9,2%, y más elevada en el conurbano bonaerense (47,7%).

Por: Francisco Jueguen ADEMÁS

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Fuente de la noticia (La Nacion)