Cristina Kirchner es la principal acusada en el escrito que firmó el fiscal Stornelli Fuente: LA NACION – Crédito: Silvana Colombo

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Antes de que se cumpla un año de las primeras detenciones, la causa de los cuadernos de las coimas está cada vez más cerca de empezar la etapa de debate oral.

El fiscal Carlos Stornelli presentó hoy un escrito donde pide la elevación a juicio de la primera parte de la investigación que empezó el 10 de abril de 2018 pero que se conoció el 1° de agosto del año pasado. La semana pasada, el juez Leopoldo Bruglia confirmó los fallos que ya había dictado Claudio Bonadio en los que se rechazaba la posibilidad de apartar a Stornelli de la causa de los cuadernos. Las presentaciones las había realizado Roberto Baratta, exnúmero dos de Julio De Vido y detenido, y el abogado José Manuel Ubeira quien defiende al ex funcionario de ente binacional Yacyretá, Oscar Thomas.

El pedido de elevación a juicio que realizó el fiscal toma dimensión por todo el debate que hubo desde febrero con la causa que tramita en Dolores ante el juez Alejo Ramos Padilla. Justamente el propio Stornelli dijo en varias entrevistas que aquel expediente tenía como finalidad apartarlo de la causa e impedir, al menos por ahora, la elevación a juicio.

La primera parte, que sólo tomo las hechos que surgieron de las primeras semanas de vorágine judicial, detenciones, allanamientos y arrepentidos, compromete seriamente a varios funcionarios y a empresarios.

En total, el fiscal pidió la elevación a juicio de 40 imputados, todos ellos con el procesamiento firme. A Cristina Kirchner, por caso, se le achacan 40 casos de cohecho pasivo que, entre todos, suman 18,89 millones de dólares. Según Stornelli, los casos que se pudieron probar que fueron recaudados en alguna empresa y terminaron en el departamento de Recoleta que hoy habita la expresidenta la tiene como responsable. Entre los empresarios que pagaron coimas y que habrían terminado en Juncal y Uruguay o en la quinta de olivos se encuentran varios de los conocidos.

El expresidente de la Cámara de la Construcción y arrepentido en la causa, Carlos Wagner; el poderoso Enrique Pescamona, de Impsa; Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux; Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Hugo Dragonetti, de la constructora Panedile, fueron los grandes aportantes a esos 18,89 millones de dólares que terminaron en Olivos o en Juncal y Uruguay.

Según la primera parte de la investigación, los socios de Electroingeniería llevaron valijas por 12,50 millones de dólares mientras que De Goycoechea, de Isolux, transportó a manos de funcionarios kirchneristas 5,4 millones de dólares.

Ángelo Calcaterra y Juavier Sánchez Caballero, por ejemplo, le entregaron los dólares a Roberto Baratta y a varios de sus funcionarios. El detalle de los pagos realizados, que se dieron a mediados de 2013 y en 2015, 1,6 millones de dólares. Lo paradójico del primo hermano de Mauricio Macri es que mientras un familiar se postulaba como candidato presidencial, el constructor aportó dinero al contrincante. De acuerdo a os registros que son rescatados en el pedido de elevación a juicio, el 21 de octubre de 2015 se entregaron 100.000 dólares en Manuela Saenz 323, en pleno Puerto Madero. Los recibió en la mano Baratta. Pocos días después, macri iniciaba su camino a la presidencia.

Justamente Baratta fue el que más intervención tuvo en los hechos. Sotrnelli lo encontró penalmente responsable de 125 retiro de dinero en los que recolectó 36,08 millones de dólares. Nada más para quien, en 2003, consiguió trabajo después de entrar a vender quiniela a un bar en el que Néstor Kirchner tomaba un café.

Julio De Vido también tiene lo suyo. Según esta parte de la elevación, que es parcial, participó en cuatro hechos por 2,4 millones de dólares. Otro de los que se sentará frente a un tribunal oral será Juan Manuel Aaal Medina y su secretario, Hugo Martín Larraburu. En ambos casos se los encontró responsable de cohecho pasivo en 22 oportunidades en las que recibieron 2,37 millones de dólares.

Miembros del despacho de De Vido como Nélson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Hernán Gómez, Hernán Del Río y Walter Fagyas, este último expresidente de Enarsa, también fueron requeridos que sus conductas sean elevadas a juicio.

Entre los empresarios hay verdaderos emblemas de los hombres de negocios criollos. Aldo Roggio (Roggio), Hugo Eurnekian (Helport), Juan Carlos Lascurain (Fainser y expresidente de la Unión Industrial), Alejandro Ivannisevh (Emgasud), Carlos Mundin (BTU), Gabriel Romero (Emepa e Hidrovía), Miguel Ángel Marconi (Supercemento), Jorge Balán (Industrias Secco), Claudio Glazman y Hugo Dragonetti (Panedile) son los primeros empresarios que, en caso de que el juez Bonadio lo disponga, deberán sentarse frente a a un tribunal oral que los juzgue por haber pagado coimas.

Rudy Ulloa Igor, amigo del expresidente y dueño de varios medios en Santa Cruz; Néstor Otero, de la Terminal de Retiro, y Sergio Tasselli, son otros de los empresarios que están acusados.

Por: Diego Cabot ADEMÁS

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Fuente de la noticia (La Nacion)