Carrie Lam, ayer, al anunciar la retirada de la ley Fuente: LA NACION

Desgastado por una semana de masivas protestas en las calles, el gobierno local archivó una ley que según sus críticos abría el camino a la persecución política de China Comentar (0) Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2019

HONG KONG.- Tras una semana de furiosas protestas callejeras, el gobierno semiautónomo de Hong Kong decidió archivar por tiempo indefinido un resistido proyecto de ley de extradición, que hubiera permitido enviar a China a los opositores políticos que señalara Pekín.

La marcha atrás del gobierno de Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong, representó un cambio radical luego de que el proyecto generó las mayores y más violentas protestas de la historia reciente de la excolonia británica.

La ley de extradición, que habría cubierto a los siete millones de residentes de Hong Kong así como a extranjeros y ciudadanos chinos en el territorio, era vista por muchos como una amenaza al Estado de Derecho en la ciudad, que goza de un sistema claramente más liberal que la China continental.

Cerca de un millón de personas marcharon el domingo pasado para protestar contra el proyecto, la mayor protesta en la ciudad desde que las multitudes expresaron su rechazo a la violenta represión contra las manifestaciones democráticas en la Plaza de Tiananmén, en Pekín, el 4 de junio de 1989.

Las protestas continuaron durante la semana y la policía las reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma, lo que provocó el caos en las calles y aumentó la presión ciudadana sobre Lam.

"Luego de reiteradas deliberaciones durante los últimos dos días, ahora anuncio que el gobierno ha decidido suspender el ejercicio de la enmienda legislativa, reanudar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, hacer más trabajo de explicación y escuchar las diferentes opiniones de la sociedad", dijo Lam al anunciar ayer su decisión.

En sus primeras declaraciones desde el miércoles pasado, dijo que no había una fecha límite, lo que en la práctica suspende el proceso por tiempo indefinido.

Sus rivales políticos pidieron que el proyecto de ley sea desechado por completo, y los organizadores de las protestas dijeron que continuarán con una manifestación en la jornada de hoy para exigir la renuncia de Lam, que hizo suya la ley y la promovió todo lo que pudo, y la cancelación de la iniciativa.

"Tenemos que decirle al gobierno que la gente de Hong Kong persistirá y mantendrá sus protestas hasta que el Ejecutivo retire la ley", afirmó Jimmy Sham, del Frente Civil de Derechos Humanos.

El archivo del proyecto de extradición fue uno de los giros más significativos del gobierno de Hong Kong provocados por la presión pública desde que Gran Bretaña devolvió el territorio a China, en 1997, y puso en tela de juicio la capacidad de Lam para continuar liderando la ciudad. Cuando se le preguntó si renunciaría, Lam evitó responder directamente y pidió a la opinión pública que le diera "otra oportunidad", porque había sido funcionaria durante décadas y todavía tenía objetivos pendientes.

Lam sostuvo desde el principio que la ley era necesaria para solventar las lagunas en la normativa local y evitar que Hong Kong se convirtiera en un "refugio de delincuentes", según el latiguillo utilizado desde el comienzo de la polémica. Y añadió que el gobierno subestimó la reacción de la gente.

"Siento un profundo pesar y lamento que las deficiencias de nuestro trabajo y otros factores hayan suscitado controversias sustanciales y conflictos en la sociedad después del período relativamente tranquilo de los últimos dos años", declaró la jefa del Ejecutivo.

El canciller británico, Jeremy Hunt, felicitó al gobierno de Hong Kong por haber "tenido en cuenta las preocupaciones de ciudadanos valientes que se pusieron de pie para defender sus derechos humanos". Gran Bretaña había expresado su preocupación por la amenaza latente a los derechos civiles que entrañaba el proyecto, que ponía en tela de juicio las libertades consignadas en el tratado de devolución del territorio de 1997.

El gobierno chino, por su parte, reaccionó de manera ambigua ante el retroceso de una iniciativa en la que había puesto especial interés. "Apoyamos, respetamos y entendemos esta decisión", afirmó en un comunicado un vocero de la cancillería china, que calificó la marcha atrás de intento "de escuchar más" las opiniones sobre este proyecto "y de restablecer la calma cuanto antes" en el territorio.

El proyecto debía ser discutido en la sesión legislativa del 12 de junio, pero el debate se suspendió por la violenta represión de una marcha frente al Parlamento.

Agencias Reuters, AFP y ANSA

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