Toma forma un plan para combatir la corrupción

Apunta a prevenir e investigar las faltas éticas; se aplicarán sanciones Fuente: Archivo

Difundida la agenda en materia de seguridad, el Gobierno se tomará lo que queda del verano para volver a izar la bandera de la transparencia, una consigna de campaña que le funcionó muy bien a Cambiemos en 2015 y que el oficialismo quiere reinstalar en la carrera por la reelección.

Según pudo saber LA NACION, se espera que en las próximas semanas el Gobierno presente el Plan Nacional Anticorrupción, un proyecto quinquenal con acciones para prevenir, investigar y sancionar las faltas éticas en el Poder Ejecutivo. El proyecto fue impulsado por la Oficina Anticorrupción, conducida por Laura Alonso, y por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, que comanda Fernando Sánchez. Hicieron consultas a 48 ministerios y organismos descentralizados para elaborar una hoja de ruta.

Mientras denunciaba hechos de corrupción del kirchnerismo, la gestión de Mauricio Macri más de una vez debió impulsar normativas como reacción a episodios polémicos en el Gobierno.

El decreto que busca evitar el nepotismo en la administración pública llegó luego de la controversia que enfrentó el exministro de Trabajo Jorge Triaca, quien tenía a su esposa, a su cuñado y a dos de sus hermanas en el Estado. El caso del Correo derivó en un decreto que prevé mecanismos de prevención cuando el Presidente, el vicepresidente o un ministro tienen relación con una parte en un juicio contra el Estado.

Ahora, en el Gobierno prevén un plan de acción a cinco años para alinearse con las demandas de organismos internacionales, como la OCDE, la OEA y la ONU. Según pudo saber LA NACION, los encargados del proyecto están ajustando los últimos detalles del texto. Podría ser presentado en febrero y, sin dudas, formar parte del discurso del 1° de marzo de Macri en el Congreso.

Los temas que abarca el proyecto van desde la obra pública (con registros de constructores y pliegos modelo para evitar direccionamientos) hasta la reducción del uso de efectivo para evitar desvíos de fondos y canales de denuncia para que los empleados puedan ser informantes anónimos.

El Gobierno aún tiene pendiente enviar al Congreso el proyecto de ley de ética pública, que ya pasó por la instancia de consulta pública, pero su tratamiento se fue postergando hasta entrar en año electoral. Podría enviarlo al Congreso antes de marzo.

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