El hospital de la localidad rionegrina de General Roca aplicó ayer mismo la nueva normativa y realizó una ablación que implicaba un caso de muerte violenta, según informaron a Télam desde la Justicia y el ministerio de Salud de la provincia.
La familia del joven, del cual no trascendió su nombre y quien en vida no manifestó estar en contra de la donación, se negaba a que se utilicen sus órganos. Pero ante el requirimiento urgente de los médicos del Hospital de General Roca a la Justicia el procedimiento de ablación pudo ser llevado a cabo.
En un trámite acelerado la fiscal Graciela Echegaray presentó una solicitud a la jueza de Garantías María Gadano. Fundándose en la Ley Justina la magistrada dictó la aprobación para que los profesionales pudieran seguir adelante.
La Ley Justina fue una iniciativa de la familia de una niña de 12 años que murió en noviembre de 2017, esperando un corazón.
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