Cambiemos y el peronismo acordaron autorizar a las empresas a aportar para la campaña

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Con un límite por persona física o jurídica del 5% del total de los gastos permitidos a cada partido político y manteniendo la restricción a los sindicatos, Cambiemos y el PJ acordaron hoy en el Senado avanzar con el levantamiento de la prohibición a las empresas privadas de aportar al financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales .

La iniciativa puede generar quejas de los partidos políticos pequeños, ya que reduce a la mitad el tiempo de los espacios gratuitos en los medios, aunque extiende el plazo de campaña de 20 a 30 días para las primarias y de 25 a 35 para la general.

El proyecto modifica la ley de financiamiento de los partidos políticos y cuenta con el acuerdo de la Casa Rosada, que pretende que los cambios puedan entrar en vigencia para la próxima campaña electoral. En ese sentido, la intención es que el Senado apruebe la iniciativa antes de fin de mes. La Cámara de Diputados, en tanto, debería sancionarla en los primeros meses de 2019.

El 5% de límite al aporte de una persona física o jurídica es sobre el total del gasto autorizado a cada partido o alianza por campaña electoral y surgió como cifra de consenso entre la propuesta del Poder Ejecutivo, que lo fijaba en el 2%, y el del PJ, que pretendía llevar ese techo al 15%.

El dictamen establece, además, que todos los aportes que reciban los partidos políticos sólo podrán realizarse "mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito" y cualquier otro medio o plataforma digital que le permita a la Justicia Electoral establecer la trazabilidad de los fondos.

Otra novedad es la reducción a la mitad (del 10% al 5%) de la cuota de espacios gratuitos para propaganda electoral en los medios de comunicación. Esta medida promete generar la queja de los pequeños partidos políticos.

Además de establecer que sin ésa inscripción no podrán trabajar, la cláusula obliga a las consultoras a brindar un detallado informe sobre cada trabajo que realicen, en el que deberán constar el nombre de la persona o partido que las contrató, el monto que se pagó y el tipo de metodología que se usó, entre otros datos.

La obligación registral también alcanzará a las empresas de publicidad en la vía pública que quieran trabajar en una campaña electoral.

En los hechos, la principal beneficiaria del proyecto es la Cámara Nacional Electoral. Además de los registro de encuestadoras y empresas de publicidad, el tribunal tendrá a su cargo los mecanismos de control de trazabilidad de todos los aportes recibidos por las agrupaciones políticas y verá incrementado en 8 cargos el cuerpo de auditores que tiene la responsabilidad de fiscalizar los gastos de electorales.

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