En un dictamen entregado a la jueza federal María Servini, el fiscal consideró que la investigación ya está concluida y debe juzgarse a los procesados por irregularidades en el manejo y control de los fondos que el Estado Nacional destinó a ese programa, según el texto al que accedió Télam.
"Hubo una decisión política en 2009, instrumentada desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo, consistente en la participación estatal en la actividad de difusión del fútbol profesional, para lo cual se celebró un contrato con la AFA", explicó el fiscal en su dictamen.
Sin embargo, advirtió que el fin último de esa decisión, enfocada en el fortalecimiento económico de los clubes, "no sólo no se verificó, sino que, como lo ha explicado la veeduría actuante en autos, sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP".
Lo ocurrido "trajo aparejado que no se haya dado cumplimiento a uno de los dos objetivos centrales del programa, consistente en el saneamiento económico de los clubes del fútbol argentino", concluyó el fiscal.
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